El gobierno catalán dio luz verde ayer, martes 21 de abril, a un nuevo decreto ley que incluye otro paquete de medidas urgentes estructurales y organizativas para combatir los graves efectos de la pandemia producida por la Covidien-19, en línea con los ya aprobados por el ejecutivo desde el 11 de marzo.

Salud

En materia de salud, el decreto concreta cuáles serán los centros de servicios sociales de carácter residencial que pasarán a ser gestionados por el Departamento de Salud mientras dure el estado de alarma y estén vigentes las medidas sanitarias de intervención. Estos centros son: las residencias hogar para los ancianos y los servicios que se ofrecen con carácter temporal o permanente, y las residencias hogar y servicios de centro residencial y temporal o asistida para personas con discapacidad intelectual y discapacidad física . En este sentido, a nivel organizativo, se especifica que las unidades orgánicas y el personal adscrito a estos centros continuarán desarrollando sus funciones, ahora bajo las directrices del Departamento de Salud.

Inmuebles

El texto también establece que las personas físicas o jurídicas que estén pagando un alquiler, un derecho de superficie, una concesión administrativa o cualquier derecho real por un inmueble propiedad de la Generalidad de Cataluña, puedan solicitar un aplazamiento o una reducción del pago de la renta . Esta medida, que también incluye los inmuebles procedentes de herencias intestadas, será vigente mientras dure el estado de alarma y hasta seis meses después de que finalice. Los solicitantes deberán acreditar una situación económica vulnerable provocada por la crisis del coronavirus, en el caso de los inquilinos de viviendas, o una reducción del volumen de facturación, en otros tipos de arrendamientos. Los inquilinos deberán devolver el importe aplazado durante los 36 meses siguientes y sin intereses.

El decreto también incluye la ampliación del plazo para el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) de dos a cuatro meses. Así, se propone que hasta el 31 de diciembre de 2020 los arrendadores de fincas urbanas, tanto las destinadas a vivienda como las destinadas a otros usos, deben depositar en el Incasòl la fianza en metálico en el plazo de cuatro meses a contar desde la formalización del contrato.

Y modifica el proceso de adjudicación de los inmuebles propiedad del Incasòl. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el Instituto adjudicará el inmueble de su propiedad al solicitante que haya presentado la oferta, siempre que cumpla los requisitos del precio de mercado fijado por la Comisión de Valoraciones del ente, así como las condiciones generales de comercialización de sus inmuebles

Escuela Virgen del Patrocinio

Finalmente, la norma aprobada ayer declara la emergencia de las obras de reparación, adecuación y mejora de la Escuela Virgen del Patrocinio de Cardona, con el fin de asegurar un muro de contención del centro y en atención al riesgo que podría suponer no realizarlas.

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