El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2104, fue aprobado por la comisión con competencia legislativa plena del Congreso el pasado 3 de agosto. La norma fue enviada al Senado y queda prácticamente terminada. Estas son las principales enmiendas recogidas en el Proyecto de Ley que fueron presentadas por PIMEC a los grupos parlamentarios:

Se incorpora, como objeto y finalidad de la Ley, el hecho de facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas.

· Aumenta el número de contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación. Se modifican a la baja los umbrales para poder acceder al recurso especial en materia de contratación. El valor estimado para contratos de obras pasa de a 5.225.000 euros a 3.000.000 euros. El valor estimado para contratos de suministro y servicios se fija en más de 100.000 euros (antes era de 209.000 euros y de 135.000 euros en función de diversas tipologías y categorías).

· Se legitima explícitamente a las organizaciones empresariales sectoriales representativas de los intereses de los afectados, para poder presentar un recurso especial en materia de contratación.

· Cuando se impongan al recurrente cauciones o garantías para responder ante posibles perjuicios derivados de la interposición del recurso, estas deberán estar sujetos al principio de proporcionalidad y tener en cuenta el sujeto y el objeto afectados

· El hecho de designar un responsable del contrato por parte de los organismos de contratación pasa de ser potestativo a ser obligatorio.

· Para intentar evitar la adjudicación a empresas pantalla o simples gestoras del contrato principal que luego subcontratan, aumentan las exigencias a los licitadores en relación a los compromisos de dedicación o adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato.

· Se incorporan algunos criterios que atenúan las exigencias de clasificación para contratos de obra.

· Se establece como norma general la división en lotes de los contratos y como excepcional y con necesidad de justificación la no división de los mismos.

· El deber de confidencialidad no podrá ser excusa para establecer restricciones a la divulgación de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado , las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato.

· Se establece como base los criterios de adjudicación del contrato la mejor relación calidad precio.

· Se profundiza en las medidas para evitar que ofertas anormalmente bajas, fundamentadas en precios inferiores a los del mercado y incumplimiento de la normativa laboral y medioambientales, resulten adjudicadas.

· Se elimina la potestad por parte de la administración del hecho de fijar un plazo de más de 30 días para aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato en relación a los bienes entregados o servicios prestados, a partir de acuerdos expresos incluidos en el contrato o alguno de los documentos que rigen la licitación,

· Se establece la posibilidad de que el organismo de contratación pueda prever en los pliegos de cláusulas administrativas el pago directo al subcontratado.

· El plazo de cobro de los subcontratados no podrá ser más desfavorable que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

· La administración deberá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos deben hacer a sus subcontratados o suministradores que participen en los mismos en los contratos de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato. Para el resto de contratos, la administración podrá hacer la comprobación de forma potestativa.